La precarización laboral y la pérdida de empleos por la automatización podría tener un efecto muy serio sobre el bienestar social en las próximas décadas, incluso en los países desarrollados. Estudiantes, trabajadores y comerciantes ven caer su nivel de vida frente al surgimiento de más multimillonarios, que logran eludir el pago de impuestos proporcionales a sus ingresos.
Frente a este panorama, ha cobrado fuerza la idea de una renta básica universal para personas con ingresos inferiores a un determinado monto mensual. Esta renta, proporcionada por los estados, 
serviría para estabilizar la situación de numerosas familias frente a los vaivenes de la economía.
Del mismo modo, contribuir a minimizar el impacto de las recesiones y, además, hay quienes sostienen que podría financiarse, en parte, por el ahorro en los costos de la burocracia asociada a los programas de bienestar tradicionales.
No obstante, sus detractores sostienen un argumento de peso. Muchos economistas han señalado que la mayor demanda de bienes y servicios producto del programa podría llevar a un alza de la inflación, a un nivel de precios más alto y, en consecuencia, no cambiaría significativamente la situación de las familias pobres.